Sábado, 23 Junio 2018

Se proferirá cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza sobre:

  1. La existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación (actualizada según el IPC).

  2. La individualización y actuación, cuando menos con culpa grave, del gestor fiscal.

  3. La relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia, deberá establecerse la obligación de pagar una suma líquida de    dinero a cargo del responsable fiscal.

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